La empresa, vinculada a una diputada conservadora, habría hecho las gestiones para la compra de los equipos de protección individuales a China. En su momento obtuvieron los certificados, pero posteriormente resultaron no ser equipos válidos que dieran la suficiente protección por lo que no se facilitaron al personal, pero sí se compraron.

La empresa considera que no debe devolver el importe pagado (con dinero público) y además, ahora se conoce que se duplicó el precio.

Para la información detallada, puede acceder a la pieza en Las Repúblicas pulsando aquí.

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